La porfía tributaria de la derecha chilena: Una mirada desde la historia

En la década de 1880, las arcas fiscales chilenas comenzaron a recibir los frutos de las recientes oficinas salitreras puestas en marcha a propósito de la victoria nacional en la Guerra del Pacífico de 1879. El impacto fue notorio: los impuestos a las exportaciones que representaban un 4% de los ingresos del país en 1880, estos pasaron a representar el 45% en menos de una década gracias al auge del salitre.

Los parlamentarios de la época consideraron que la bonanza económica era suficiente como para bajar la carga impositiva de cierto sector de la sociedad que, casualmente, coincidía con el sector al que pertenecían todos y cada uno de los parlamentarios: el 1% más rico del país.

Raudamente aquellas medidas fueron aprobadas en el Congreso, eliminando ipso facto el impuesto a la renta, el impuesto a la herencia, a las donaciones, propiedades, entre otros impuestos que desde la perspectiva de nuestros días serían considerados progresivos: aquellos que ganan más, aportan más.

Sin justificaciones ni compensación, el Estado dejó de recibir una importante fracción de sus ingresos. El forado a las arcas fiscales fue ocultado tras el velo de las ganancias del salitre durante décadas, sin causar mucho revuelo; hasta que en 1914, cuando estalló la Primera Guerra Mundial, la crisis del precio internacional del salitre terminó por desenmascarar la apremiante situación fiscal del país, el cual, desprovisto de su principal fuente de ingresos, cayó en recesión y en una crisis social cuyo impacto la dinamitada recaudación fiscal no dio el ancho para suavizar.

Manotazos de ahogado dieron los parlamentarios tratando de solventar la crisis: se aumentaron los impuestos a las importaciones y las sobretasas al tabaco y al alcohol, además de rebajar en 10% los salarios de los funcionarios públicos. Nada fue suficiente. Aun cuando el Congreso incorpora los impuestos eliminados en 1880, la crisis ya había azotado a los sectores medios y populares, aumentando el desempleo, el hambre y el vagabundaje infantil.

El resultado fue claro: lo que no pagó el 1% más rico lo terminó pagando el 99% más pobre.

En el presente, el gobierno de José Antonio Kast (JAK) y los partidos del oficialismo empujan, dentro de la llamada Mega Reforma, una medida que elimina el pago de contribuciones a los mayores de 65 años sin distinción de ingresos. Esta medida, y en general la Mega Reforma, nos hacen recordar aquella década de 1880, ya no solamente por su carácter regresivo en materia de derechos adquiridos, sino por la porfía de un sector ideológico que durante los dos siglos y cuarto que tenemos de historia republicana, ha velado y protegido a brazo partido los intereses económicos de los grandes capitales del país.

Ese mismo sector intenta convencer a la sociedad civil de que de algún modo, si no mágico cuanto menos paranormal, la eliminación de un impuesto progresivo como lo son las contribuciones, que van en directo apoyo a las comunas más pobres del país, no afectaría el balance fiscal de las comunas beneficiadas, sino que sería incluso un acto de justicia por parte del gobierno para con los dueños de propiedades con un avalúo fiscal mayor a 60 millones de pesos. El detalle es que dos tercios del millón y medio de personas adultas mayores propietarias de una vivienda no cumplen con el avalúo fiscal mínimo, por lo cual, la supuesta universalidad del presunto beneficio iría a parar exclusivamente a los contribuyentes con mayores ingresos y con las propiedades con mayor avalúo fiscal.

La cuenta la paga el Fondo Común Municipal (FCM), que es un instrumento de redistribución territorial al cual el 60% de las contribuciones, pagos de patentes y permisos de circulación que recaudan los municipios van a parar. De esta manera, las comunas que más recaudan aportan más, redistribuyendo parte de sus ingresos en beneficio de las comunas más pobres. Este mecanismo se financia en gran parte por la recaudación del impuesto territorial (las contribuciones) en donde por sí solas las comunas de Santiago, Vitacura, Providencia y Las Condes aportan con el 65% del total, mientras que los otros 341 municipios juntos recaudan el restante 35%.

Los datos de la SUBDERE apuntan que al cierre del 2024, 30 de las 38 comunas que componen la Región de Valparaíso tienen un porcentaje de dependencia respecto del FCM mayor o igual a 50%, llegando a superar el 85% en comunas como El Tabo y Cartagena y más del 90% en Rapa Nui y Juan Fernández. En la última semana, además, personeros del gobierno como el propio ministro de Hacienda, Jorge Quiroz, han esbozado que planean una compensación total por parte del Estado a efectos de lo que se deja de recaudar en concepto de contribuciones.

O sea, que no solamente las propiedades más caras en las comunas más ricas del país podrían dejar de aportar al FCM, sino que dicho aporte se traspasa al Estado, la cartera de todos y todas las chilenas, teniendo que desembolsar de forma anual y permanente alrededor de 130 millones de dólares. El resultado sigue siendo claro: lo que no paga el 1% más rico lo termina pagando el 99% más pobre.

¡Qué país generoso!